MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

Quick Express SpA  / ATI Seguridad SRL

 

INTRODUCCION:

En cumplimiento de la ley 20.393 sobre responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas  y ley 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos,  ley 25.246 que trata del encubrimiento modificando el Código Penal de la Nación y crea la Unidad de Información Financiera (UIF), Ley 27.401 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de Argentina, las 40 recomendaciones de GAFI, GAFILAT, resoluciones UIF 66/2012, 156/2018 y anexos I y II, que ordena resolución 30/2017 y 21/2018,  Ley 26.268 que establece las Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo y modificación la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo; ATI SEGURIDAD SRL , en adelante ATI SEGURIDAD SRL,  adoptan un modelo de prevención del delito colaborando con la autoridad administrativa con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, colaborar en el  análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal de la Nación) y de Financiación del Terrorismo (artículos 41 quinquies y 306 del Código Penal de la Nación ) y teniendo en consideración además las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera internacional latinoamericano, también conocido como GAFILAT.-

1.- OBJETIVOS: El propósito de este documento es servir como instructivo y guía para la implementación y operación de las actividades que intervienen en el Modelo de Prevención de Delitos, y definir las funciones, facultades y responsabilidades del Encargado de Prevención de Delitos en el cumplimiento del Modelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.393, sus modificaciones y/o aquella norma que pudiera reemplazarla.

Tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de la ley 19. 313 y  en el artículo 8º de la ley Nº 18.314. Estos son lavados de Activos y financiamiento de Terrorismo.

2.- ALCANCE: Las directrices establecidas en esta política y el Modelo de Prevención de Delitos serán aplicables a los directores, gerentes, ejecutivos, colaboradores en general (aun cuando su relación contractual sea temporal), proveedores, clientes, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas de QUICK EXPRESS SpA en Chile y  ATI SEGURIDAD SRL  en Argentina y de cualquier empresa o sociedad en que tenga participación.

3.- DEFINICIONES:

Para efectos de la aplicación de la presente política se entenderá por:

3.1.- Cliente o Clientes: Toda persona natural (física) o jurídica con la que la  ATI SEGURIDAD SRL  crea, establece o mantiene una relación de origen contractual, sea ocasionalmente o habitualmente, a fin de obtener el primero la prestación de un servicio o contratación de un producto, ofrecido dentro del marco propio del giro exclusivo o complementario del segundo, conforme al marco legal y/o reglamentario, ya sea que la relación sea de carácter ocasional, esporádico, único, reiterado, frecuente o permanente, hasta 1 año atrás contado desde la fecha de revisión

3.1.1.- Habituales: Son aquellos clientes ordenantes de transferencias que realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de ARS 336.000 o su equivalente en otras monedas.

3.1.2.- Ocasionales: Son aquellos clientes beneficiarios de transferencias (cualquiera sea el monto por él que operen) y aquellos clientes ordenantes de transferencias que realicen operaciones por un monto anual inferior a la suma de ARS 336.000 o su equivalente en otras monedas.

3.2.- Personas Expuestas Políticamente ( PEP) Chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como aquella que es o ha sido encomendada a una función pública prominente. Se incluyen dentro de esta definición las personas , extranjeros, argentinos y otras personas señaladas en la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (UIF)

3.3.- Unidad de Análisis Financiero (UAF): Servicio  público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente  de la República por medio del Ministerio de Hacienda, creada por la ley 19.813  con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de la referida  ley y en el artículo 8º de la ley Nº 18.314, que sanciona el financiamiento del Terrorismo.

3.4.- Unidad de Información Financiera (UIF) : Servicio público que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas, la cual se regirá por las disposiciones de la ley 25.246 y será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.

3.5.- GAFI, GAFILAT: Grupo de Acción Financiera Internacional y Grupo de Acción Financiera Latinoaméricana y el Caribe.

3.6.- Lavado de Activos: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley Nº 19.913, se entiende por Lavado de Activos “cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción y prostitución infantil, secuestro, cohecho, y otros”.

De acuerdo a lo previsto y sancionado en el artículo 303 del Código Penal de la Nación (República de Argentina), el que lo tipifica como “  el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

3.7.- Financiamiento del terrorismo: Comete este delito aquella persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de cualquier de los delitos terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en servicio, atentado contra el jefe de Estado y otras autoridades, asociación ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre otros. (Definición de acuerdo a la Ley Nº 18.314, artículo 8).

Artículo 213 quáter. Código Penal de la república de Argentina: “ Será reprimido con reclusión o prisión de CINCO (5) a QUINCE (15) años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento”.

3.8.- Delitos Base:  Se denomina delitos base, delitos precedentes o delitos fuente de lavado de activos a la acción delictiva a través de la cual se obtiene ilícitamente dineros o bienes que se pretende ocultar o disimular. El catálogo de delitos base de lavado de activos se amplía continuamente:

Delitos o tipos base:

Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

Delitos previstos en la Ley  18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad;

en el artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas;

en el Título XI de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores;

en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos;

en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

en el inciso segundo del artículo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual;

en los artículos 59 y 64 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile;

en el párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario;

en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; Prevaricación, MALVERSACIÓN CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALESCOHECHOCOHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROSASOCIACIÓN ILÍCITA.

En los artículos 141, 142, 366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, numerales 1°, 8 y 11, en relación con el inciso final del artículo 467 del Código Penal, SECUESTRO. (Art. 141): Penaliza a quien, sin derecho, encierre o detenga a otro privándole de su libertad, y al que proporcione lugar para la ejecución del delito; y al que ejecute para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones. También si el encierro o la detención se prolonga por más de 15 días o si de ello resulta un daño grave en la persona o intereses del secuestrado; y si, con motivo u ocasión del secuestro, se comete, además, homicidio, violación, violación sodomítica, o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, en la persona del ofendido.

SUSTRACCIÓN DE UN MENOR DE 18 AÑOS. (Art. 142): Penaliza la sustracción del menor; si se ejecuta para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resulta un grave daño en la persona del menor; y si, con motivo u ocasión de la sustracción, se comete alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO UTILIZANDO MENORES DE 18 AÑOS. (Art. 366 quinquies): Penaliza la participación en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años. Incluye toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN INFANTIL. (Art 367): Penaliza la promoción o facilitación de la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro; y si concurriere habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño. COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, DIFUNDIR O EXHIBIR MATERIAL PORNOGRÁFICO, CUALQUIERA SEA SU SOPORTE, EN CUYA ELABORACIÓN HAYAN SIDO UTILIZADOS MENORES DE 18 AÑOS. (Art. 374 bis): Penaliza a quien realice ello, y también al que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.

TRÁFICO DE MIGRANTES. (Art. 411 bis): Penaliza al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente; y al que ponga en peligro la integridad física o salud del afectado. También penaliza al funcionario público que, en el desempeño de su cargo o abusando de él, ejecute lo anterior, aun sin ánimo de lucro.

PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN. (Art. 411 ter): Penaliza la promoción o facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero.

TRATA DE PERSONAS. (Art. 411 quáter): Penaliza al que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos. También se penaliza si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra; y al que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo.

ASOCIARSE U ORGANIZARSE CON EL OBJETO DE COMETER LOS DELITOS DE TRÁFICO DE MIGRANTES, PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN O TRATA DE PERSONAS. (Art. 411 quinquies): Penaliza a los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de este párrafo, por este solo hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes del Código Penal.

DEFRAUDACIÓN. Sobre 400 UTM (Art. 468): Penaliza al que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante.

APROPIACIÓN INDEBIDA. Sobre 400 UTM (Art 470, N° 1): Penaliza a los que, en perjuicio de otro, se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

FRAUDE AL FISCO. Sobre 400 UTM (Art. 470, N° 8): Penaliza a los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Sobre 400 UTM (Art. 470, N° 11): Penaliza al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de este, en virtud de la Ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

Los delitos base en la legislación penal argentina se encuentran enumerados en el artículo  5 de la ley 25.246 en relación al artículo  303 del Código Penal Argentino

3.9.- Operaciones sospechosas: Todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada.

Son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por ATI SEGURIDAD SRL o Quick Express SpA , no guarden relación con el Perfil de Cliente) o cuando se verifiquen dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos; o aun cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo.

3.9.1. Operaciones inusuales: Operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente o porque desvían de los usos y costumbres en las prácticas de mercado por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.

3.10.- Operaciones en efectivo: Toda operación en efectivo superior a mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en pesos chilenos o Argentinos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.

 

3.11.- Oficial de Cumplimiento: funcionario que ostentará un cargo de alto nivel y tendrá como función principal la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como asimismo, responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y en circulares emitidas ese organismo. El oficial deberá ser designado por el Directorio de la sociedad y ejercerá sus funciones con independencia de la administración de la compañía.

El Oficial de Cumplimiento es un miembro integrante del órgano de administración de la persona jurídica que será el responsable del cumplimiento de las obligaciones de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de esta persona jurídica ante la UIF.

Oficial de Cumplimiento Corporativo.

Cada Grupo podrá designar un único Oficial de Cumplimiento para todos los entes que lo integran, en la medida en que las herramientas diarias de administración y control de las operaciones le permitan acceder a toda la información necesaria en tiempo y forma. Las decisiones de la casa matriz del Grupo en esta materia serán objeto de toma de razón por parte de los órganos de administración o máxima autoridad de cada ente controlado y/o vinculado que, sin embargo, podrá oponerse cuando las condiciones comunicadas no garanticen la plena atención de las responsabilidades del órgano de administración o máxima autoridad del ente controlado y/o vinculado. El Oficial de Cumplimiento Corporativo se encuentra alcanzado por las disposiciones de los artículos 11 y 12 de la presente resolución UIF 30/2017 y deberá formar parte del órgano de administración o máxima autoridad de todos los entes que lo integran.

3.12.- Señales de Alerta: Son aquellos comportamientos de Clientes, o las características de ciertas operaciones financieras, que podrían conducir a detectar una Operación Sospechosa, ayudando a distinguir hechos, situaciones, transacciones, eventos, cuantías o indicadores financieros que la experiencia identifica como elementos de juicio a partir de los cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que ATI SEGURIDAD SRL o Quick Express SpA, en el giro ordinario de sus operaciones, ha determinado como normal

3.13.- Reportes sistemáticos: Son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los sujetos obligados a la UIF, en forma mensual mediante sistema on line.

3.13.- Modelo de Prevención de Delitos (MPD): Conjunto estructurado de elementos organizacionales, políticas, programas, procedimientos y conductas específicas elaboradas y adoptadas para evitar la comisión de conductas que revistan carácter de delitos según lo señalado en la Ley N°20.393 y ley 19.313, Código Penal Argentino, sus modificaciones y/o aquella norma que pudiera reemplazarla.

3.13.- Programa de integridad Estos “Programas de Integridad”, definidos como el “conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos”, deberán contener una serie de elementos mínimos para ser considerados eficaces:

3.14.-  Debida Diligencia: los procedimientos de conocimiento de Clientes, apropiados para los niveles de Riesgo Medio, en los términos establecidos en el artículo 27 de la presente.

3.15 Debida Diligencia Reforzada: los procedimientos de conocimiento de Clientes, apropiados para los niveles de Riesgo Alto, en los términos establecidos en la resolución UIF 156/2018.

3.16.- Debida Diligencia Simplificada: los procedimientos de conocimiento de Clientes, apropiados para los niveles de Riesgo Bajo, en los términos establecidos en resolución UIF 156/22018 de la presente.

3.17.-  Declaración de Tolerancia al Riesgo de LA/FT: la manifestación escrita de la Tolerancia al Riesgo de LA/FT aprobada por el Sujeto Obligado en relación a los Clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zonas geográficas con los que está dispuesto a operar, y aquellos con los que no lo hará, en virtud del nivel de riesgo inherente a los mismos y las acciones mitigantes para su adecuado monitoreo y control. La Declaración de Tolerancia al Riesgo de LA/FT deberá estar debidamente fundada.

  1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En diciembre de 2009 se publicó la Ley N°20.393, en el contexto de la incorporación de Chile a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

Esta Ley establece que las personas jurídicas serán responsables de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho cometidos en su beneficio. Posteriormente, en el año 2016, con la publicación de la Ley N°20.931 se modificó la Ley 20.393 y se incorporó el delito de receptación. En noviembre de 2018 la Ley N°20.393 fue modificada nuevamente mediante la Ley N°21.121, incorporando cuatro nuevos delitos económicos al catálogo, estos son: cohecho entre privados, administración desleal, negociación incompatible y apropiación indebida. Dos meses después, con fecha 31 de enero de 2019 se publicó la Ley N°21.132 que moderniza el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), incorporando otros cuatro nuevos delitos a la Ley N°20.393: Delito de contaminación de aguas (Artículo 136 de la Ley de Pesca); Comercialización de productos vedados (Artículo 139 de la Ley de Pesca); Pesca ilegal de recursos del fondo marino (Artículo 139 Bis de la Ley de Pesca); y Procesamiento, elaboración y almacenamiento de productos colapsados o sobreexplotados sin acreditar origen legal (Artículo 139 Ter de la Ley de Pesca).

Cabe señalar que, los últimos tres delitos que tipifica la Ley antes mencionada no aplican a QUICK EXPRESS SpA o ATI SEGURIDAD SRL Seguridad, dada la naturaleza de estos.

La Ley N°20.393, establece que la responsabilidad de las personas jurídicas aplicará si los delitos antes mencionados fueran cometidos directamente en beneficio de la institución, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración o supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de la institución, de los deberes de dirección y supervisión.

Así también, la persona jurídica responde penalmente cuando los delitos hayan sido cometidos por personas naturales que estén bajo la supervisión directa de alguno de los sujetos anteriormente nombrados.

Las personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas anteriormente, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero. Para que se configure la responsabilidad penal de las personas jurídicas deben cumplirse requisitos específicos que establece la Ley N°20.393, dentro de los cuales es necesario que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión.

Es por ello, que la Ley N°20.393 faculta a las empresas para que adopten un “Modelo de Prevención de Delitos”, cuya implementación implica cumplir con los deberes de dirección y supervisión.

ARGENTINA por su parte sanciono como ley de la república la N° 27401, publicado en el Boletín oficial con fecha 1 de Diciembre del año 2017, la que sigue en términos generales la ley chilena.

Con fecha 8 de noviembre de 2017  se sancionó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la República Argentina, la cual será aplicable a los delitos de cohecho y tráfico de influencias (nacional y trasnacional), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión , enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y presentación de informes y balances falsos.

 Como cuestión novedosa, esta norma introduce los “Programas de Integridad” como condición de exención de pena de la entidad y como requisito para la contratación con el Estado Nacional.

Se debe destacar, con la entrada en vigor de esta ley, la incorporación en el Código Penal argentino el criterio de extraterritorialidad, disponiendo  que, además de los casos de delitos cometidos en el territorio de la Nación, se aplicará esta legislación a los delitos ejecutados en el extranjero por personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquél fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posea en el país.

La previa implementación por la organización de un “Programa de Integridad” coherente con los riesgos propios de la actividad que ésta realiza y con su dimensión y capacidad económica, podrá operar como causa eximente de la pena y de la responsabilidad administrativa de la empresa. Ello, siempre y cuando se determine que su violación hubiera exigido un esfuerzo por parte de los autores del delito.

Para que opere tal eximente, además de la implantación de dicho sistema de control y supervisión con anterioridad a la comisión del hecho delictivo, deberá verificarse la denuncia espontánea del delito por parte de la entidad, como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna y la devolución del beneficio indebido obtenido.

  1. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD)

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD), consiste en un sistema preventivo y de monitoreo, a través de la ejecución de diversas tareas de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la Ley N°20.393 y sus modificaciones, ley 19313 y sus modificaciones y las 40 recomendaciones de GAFILAT.  Adicionalmente se confecciona un programa de integridad de conformidad con la ley  27.401 y resolución 66 de la UIF

QUICK EXPRESS SpA  y ATI SEGURIDAD SRL con el propósito de prevenir la comisión de delitos establecidos en las normas señaladas, ha implementado un MPD o también denominado programa de integridad  conformado por los siguientes elementos:

  • DESIGNACIÓN DE UN ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (EPD): nombrado por el Directorio, quien durará en su cargo hasta tres años, pudiendo prorrogarse su designación por períodos de igual duración. El EPD contará con la adecuada autonomía que el ejercicio de su función requiere, ya sea respecto del propio Directorio, como de la Administración de QUICK EXPRESS SpA y ATI SEGURIDAD SRL y toda compañía en que esta tenga el control, y actuará de manera independiente en relación a las demás gerencias, reportando directamente al Directorio.
  • DEFINICIÓN DE MEDIOS Y FACULTADES DEL EPD: QUICK EXPRESS Spa y ATI SEGURIDAD SRL, a través del Directorio, proveerá al EPD y Oficial de cumplimiento los recursos y medios materiales necesarios para el desempeño de sus funciones. Asimismo, el EPD y oficial de cumplimiento contará con amplias facultades de acceso a la información y documentación de ATI SEGURIDAD SRL y QUICK EXPRESS SpA y sociedades relacionadas, tanto física como aquella almacenada en medios electrónicos, relacionada con su ámbito de acción, El EPD tendrá derecho a concurrir a las sesiones del Directorio con derecho a voz, pero sin derecho a voto, y deberá hacerlo siempre que sea necesario para mantener informado a éste de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta o informar de su gestión. El EPD deberá reportar a lo menos semestralmente al Directorio, sin perjuicio de hacerlo cada vez que alguna situación particular lo amerite.
  • ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS: el Directorio, en conjunto con el EPD, estableció un sistema de prevención de delitos, el que deberá contemplar a lo menos los siguientes aspectos:
  1. a) Identificación de actividades o procesos con riesgo de comisión de los delitos de las normas aplicables referidas y sus modificaciones. Establecimiento de la Matriz de riesgos de la Ley N°20.393 y 27.401 de Argentina, con